Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. No es necesario que el peticionario acredite  derecho subjetivo, ni interés legítimo, ni que cuente con patrocinio letrado.

¿Qué comprende el acceso a la información?

El derecho a consultar la misma u obtener constancia de ella. No hay obligación de crear o producir información con la que no cuente el Tribunal al momento de recibir el pedido, ni de procesar u ordenar la existente, ni realizar una investigación para responder la solicitud, ni contestar preguntas.

¿Qué plazos tiene la entrega de la información?

El Tribunal de Cuentas, previo cumplimiento del trámite pertinente, deberá suministrar la información requerida o denegarla, según el caso, en el plazo de 20 días hábiles. Dicho plazo sólo podrá prorrogarse, por única vez, por 10 días hábiles, mediante resolución fundada dictada con anterioridad al vencimiento del plazo inicial, la que deberá ser notificada al peticionante.

¿Qué se considera información pública?

A toda constancia que obre en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato que haya sido creada por este Tribunal de Cuentas como resultado de su actividad. En especial, los fallos dictados en los Juicios de Cuentas y Responsabilidad siempre que se encuentren firmes.

Hay casos en los que se podrá denegar la información. Son los siguientes: si se tratase de información expresamente clasificada como reservada; que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero; notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo al dictado de un acto; cuando trate o contenga datos personales de carácter sensible, cuya publicidad vulnere el derecho a la intimidad o al honor; los antecedentes o proyectos de actos normativos; cuando el acceso pueda afectar su conservación material; cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, administrativas o de este Tribunal de Cuentas
y su divulgación o uso pueda causar perjuicio al normal desarrollo del proceso en trámite; cuando la legislación vigente haya ordenado la confidencialidad de documentos o archivos; o en los casos que la Presidencia del Organismo lo establezca por existir razones excepcionales.

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